La Fiscalía Federal de Alemania ha presentado formalmente cargos contra un ciudadano ucraniano que se encuentra detenido desde hace casi un año en Italia, acusado de ser uno de los presuntos responsables del ataque explosivo contra el gasoducto Nord Stream, un hecho ocurrido en septiembre de 2022 en el mar Báltico. Este es el primer caso en el que se acusa a un implicado en el sabotaje de estas infraestructuras, un acontecimiento considerado el más significativo desde el final de la Guerra Fría.
Cambio en la naturaleza de la acusación
El acusado, identificado como Serhij Kuznetsov, un exmilitar del ejército de Ucrania, enfrenta ahora cargos de crimen de guerra en lugar de sabotaje anticonstitucional. La Fiscalía argumenta que la destrucción de partes del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2 constituye un ataque intencionado contra infraestructuras civiles protegidas bajo el Derecho Penal Internacional. Esta transformación del enfoque legal se considera un indicativo de la complejidad de la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, donde el sabotaje se ve como parte del conflicto bélico en curso.
Declaraciones de líderes y repercusiones diplomáticas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se abstuvo de comentar en profundidad durante su reciente visita a Dublín, indicando que aún no ha recibido todos los detalles oficiales sobre las acusaciones. Esta situación no solo pone en tela de juicio las relaciones entre Ucrania y Alemania, un proveedor clave de apoyo militar de Ucrania en el enfrentamiento directo con Rusia, sino que también podría dar pie a reclamos de Moscú por compensaciones por la destrucción de estas infraestructuras, que algunos estiman en cifras que oscilan entre 140.000 y 170.000 millones de euros.
Investigaciones y hallazgos clave
Las indagaciones realizadas por el Tribunal Supremo de Alemania ya habían señalado en diciembre de 2022 que las explosiones en el gasoducto tenían "alta probabilidad" de haber sido ejecutadas por un Estado extranjero, sugiriendo la posible implicación de organismos vinculados al Estado ucraniano. De acuerdo con la acusación, Kuznetsov habría tenido un papel de liderazgo en una operación que consistió en la movilización de un grupo especializado para llevar a cabo el ataque. Los investigadores revelaron que el acusado, en el momento del ataque, se encontraba como soldado activo en el ejército ucraniano.
Detalles operacionales del ataque
El informe señala que Kuznetsov y su equipo, compuesto por cuatro buzos especializados, un experto en explosivos y un capitán de barco, utilizaron un velero de alquiler para acceder a las estructuras sumergidas de los gasoductos a una profundidad de aproximadamente 80 metros. Allí, colocaron varios artefactos explosivos diseñados con una mezcla de hexógeno y octógeno, que detonaron el 26 de septiembre, resultando en la destrucción de tres tramos del gasoducto, una acción que fue seguida de un amplio debate y numerosas teorías sobre la autoría del acto.
Pruebas y descubrimientos posteriores
Las investigaciones avanzaron cuando se encontró el velero Andrómeda, de propiedad de una firma alemana, el cual había sido usado en la operativa. Huellas dactilares y otros elementos fueron hallados a bordo, sugiriendo una conexión directa con los acusados. Importantes elementos de prueba, como fragmentos de explosivos que coincidían con los utilizados en la operación, fueron incautados del lugar donde se guardaba la embarcación. Además, una fotografía captada en la isla de Rügen, que documentó el tráfico en la zona, condujo finalmente a la identificación de Kuznetsov y otros seis implicados, aunque se reporta que uno de ellos falleció en la guerra.
Condiciones del detenido y futuras implicaciones legales
Kuznetsov, quien fue extraditado a Alemania tras su detención en Italia, se encuentra en una celda destinada a terroristas y ha denunciado haber perdido una cantidad significativa de peso debido a condiciones de encarcelamiento desfavorables. Según su abogado, este se siente un "chivo expiatorio" dentro de una situación compleja. A su vez, otro acusado, un ucraniano de 46 años detenido en Polonia, continúa en prisión preventiva, donde un tribunal polaco negó su extradición a Alemania, justificando que los hechos debían ser considerados dentro del contexto de una acción militar en el marco del conflicto bélico.
