El Consejo de Ministros de España ha autorizado, en su última reunión, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a realizar una inversión de 115,77 millones de euros en Openchip & Software Technologies, una empresa catalana especializada en la fabricación de semiconductores. Esta inversión se ejecutará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida en el sector como la SEPI digital, y se enmarca dentro de la iniciativa Next Tech, que se financia con recursos provenientes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Detalles de la financiación y previsiones de participación

La aportación del Gobierno se estructurará como una inversión directa en el capital de Openchip, que aún se encuentra en la fase de ampliación de capital, y se espera que el porcentaje exacto de participación estatal se determine al finalizar la ronda de financiación, actualmente abierta para atraer inversores privados. Según la valoración que realizó la Generalitat de Catalunya hace apenas una semana, la inyección de capital aprobada por el Gobierno podría traducirse en una participación de hasta el 16,54% en el accionariado de la compañía.

El Gobierno catalán había autorizado anteriormente la reconversión de créditos puente en acciones, que consistían en 35 millones de euros para adquirir un 5% de la empresa. Esta operación establece una valoración implícita de que el 100% de las acciones de Openchip asciende a 700 millones de euros. Así, sumando ambas transacciones, el control público sobre la compañía podría superar el 20% del capital, dividido entre el Gobierno central y la administración autonómica.

Implicaciones para los fundadores y el sector de semiconductores

El acuerdo alcanzado con la Generalitat de Catalunya incluye la obtención de un asiento en el consejo de administración de Openchip, así como un derecho de veto que restringe el traslado de la sede social a otro lugar fuera de Cataluña mientras se mantenga su participación. De igual manera, se anticipa que el Gobierno central también obtendrá al menos un asiento en el consejo, lo que refleja un creciente interés en garantizar el control público sobre empresas estratégicas en el ámbito tecnológico.

El grupo de ingenieros fundadores de Openchip, constituido por el grupo de ingeniería GTD y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), verá un debilitamiento en sus posiciones de control, que hasta ahora se distribuían en un 53% y un 47% respectivamente. Esta dilución de poder plantea interrogantes sobre el futuro de la gestión interna de la empresa.

Hasta la fecha, Openchip ha recibido un total de 261,7 millones de euros en apoyo público. Este monto incluye, además de la reciente inversión del Gobierno, 111 millones provenientes de los fondos europeos Next Generation a través del programa IPCEI del PERTE Chip, así como los 35 millones aportados por la Generalitat. Para facilitar el acceso a estos fondos, un consorcio bancario formado por instituciones de renombre como BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter y Sabadell se comprometió a respaldar con 96 millones de euros en avales comerciales, con el aval expreso del Institut Català de Finances (ICF).

Openchip opera bajo un modelo 'fabless', lo que significa que no posee instalaciones de fabricación propias. En su lugar, se enfoca en la investigación, el diseño de circuitos integrados y la propiedad intelectual, externalizando la producción a fábricas especializadas internacionalmente, como TSMC. Actualmente, la compañía cuenta con más de 300 ingenieros en su equipo y se especializa en procesadores basados en la arquitectura de código abierto RISC-V, tecnología orientada a mejorar la eficiencia energética en centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y la supercomputación.

Nueva inversión en Substrate AI

En la misma sesión, el Gobierno también autorizó otra inversión, esta vez de 19,1 millones de euros en la empresa Substrate AI, ubicada en Madrid. Esta inversión se realiza dentro de un marco de coinversión público-privada en el contexto de una ronda de ampliación de capital, cuyo total alcanza los 39 millones de euros, e incluye la participación de inversores privados institucionales. Al igual que con Openchip, los fondos se canalizan a través de la ventanilla Next Tech bajo el Plan de Recuperación.

Substrate AI cuenta con más de 200 empleados y tiene una sólida base de clientes, superando los 500. La compañía se especializa en el desarrollo de software modular que facilita la transición de proyectos de inteligencia artificial desde la fase de prototipo a entornos de producción industrial. Su plataforma está dividida en cuatro módulos destinados a la orquestación de agentes, gobernanza, cumplimiento normativo y resguardo seguro de datos, conforme al RGPD y la nueva legislación de IA de la Unión Europea.

Asimismo, la empresa está involucrada en varios programas de aplicación médica en colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha, incluyendo una iniciativa para la automatización y ajuste de dosificación de medicamentos en farmacias hospitalarias, desarrollada junto con la Fundación para la Investigación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Estas decisiones del Gobierno son parte de una estrategia más amplia que busca fomentar la autonomía estratégica y la soberanía digital dentro del marco de la Unión Europea, reflejando una tendencia creciente hacia la inversión pública en sectores tecnológicos esenciales.