La acusación popular unificada en el caso que vincula a Begoña Gómez ha presentado un escrito al juez Juan Carlos Peinado, solicitando la imputación de directivos y técnicos de Red.es que tuvieron un papel en la adjudicación a un empresario, en lo que se alega como un caso de favorecimiento indebido. Este movimiento se produce como parte de una nueva pieza separada abierta por el magistrado, que investiga las circunstancias en torno a una licitación de cuatro millones de euros otorgada a Juan Carlos Barrabás, amigo de la esposa del presidente del Gobierno.

Irregularidades en el proceso de licitación

De acuerdo con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), se descubrió que se había ocultado información relevante a los competidores, específicamente que la oferta de Barrabás no cumplía ciertos requisitos estipulados en los pliegos de la licitación. Entre las pruebas halladas, figura un correo interno donde un técnico de Red.es expresaba la intención de no revelar que faltaba un documento clave, conocido como 'libro blanco', en la propuesta presentada por la UTE que incluía a Barrabás.

A pesar de la omisión, dicha oferta fue evaluada con la máxima puntuación, y ninguna de las empresas competidoras impugnó la falta del citado libro blanco. Hasta el momento, el único investigado en esta pieza es Barrabás, aunque la acusación busca que se imputen también a otros técnicos y a Pablo Osuna García, autor del mencionado correo, argumentando que los hechos apuntan directamente a los funcionarios que intervinieron en la elaboración y revisión de los informes de valoración del expediente 044/20-ED. Estas acusaciones incluyen a Luis Prieto Cuerdo, uno de los altos directivos de Red.es que firmó los informes de evaluación.

En total, se están solicitando las imputaciones de al menos nueve altos funcionarios adicionales, número que podría incrementarse tras identificar a otros miembros de la mesa de contratación. Además, se ha mencionado la necesidad de investigar a quien firmó la resolución de adjudicación del expediente 044, particularmente al entonces Director General de Red.es, David Cierco Jiménez de Parga, quien ocupó su puesto hasta mayo de 2021.

El escrito de imputación ha sido presentado por el abogado Javier María Pérez Roldán, actuando en nombre de diversas organizaciones que forman parte de la acusación, como Vox, Iustitia Europa y Manos Limpias. La solicitud también incluye la comparecencia de Begoña Gómez, quien podría ser llamada a declarar como testigo, aunque no se descarta que su situación legal pueda cambiar y eventualmente enfrentar imputaciones. En este sentido, el documento remarca que la ausencia de una carta de recomendación que vincule a Gómez con la adjudicación no es un dato que exculpe, sino que puede evidenciar la complejidad de las maniobras investigadas.

La situación en torno a este caso subraya preocupaciones más amplias sobre la transparencia y la gestión de licitaciones en el sector público, dado que se involucran contratos de significativos recursos económicos. Este tipo de investigaciones también pone un foco claro en la necesidad de una rendición de cuentas en la administración pública y el uso adecuado de los fondos europeos, reflejando la constante búsqueda de justicia y transparencia en los procesos de adjudicación.